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13 de febrero de 2009

El nuevo Plan de Vivienda... ¿de verdad piensa en todos?


Publicado en: elmundo.es


El nuevo Plan de Vivienda ha quitado de un plumazo algunos de los logros conseguidos

LAS FAMILIAS NUMEROSAS SE QUEJAN DE RECORTES EN SUS DERECHOS A RAÍZ DEL NUEVO TEXTO. EL MINISTERIO ALEGA QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE COLECTIVOS PROTEGIDOS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN EN SUS MANOS CONCRETAR LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS PÚBLICAS. EL MINISTERIO INSISTE EN QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE COLECTIVOS PROTEGIDOS.

«En tiempos de crisis no habrá recortes en las prestaciones sociales a los más desfavorecidos». Las palabras son del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien no en una, sino en incontables ocasiones, ha reiterado ya la intención del Ejecutivo de no permitir un periodo de 'rebajas' en la atención a los colectivos necesitados de un trato especial.

¿Significa eso que también en cuestiones de acceso a una vivienda está garantizada la discriminación positiva de quienes con más urgencia precisan un techo digno bajo el que cobijarse? O bien, por el contrario, ¿se inaugura con la crisis un periodo de 'sálvese quien pueda' que dejará en la 'cuneta' inmobiliaria a 'inmensas minorías' de españoles que adolecen de una atención singular en esta materia?

Todo está por ver en el incierto horizonte de estos días pero, de momento, sobre el papel, que todo lo aguanta, está garantizada la cobertura del Estado para los llamados colectivos de especial protección. Así, el Plan de Vivienda 2009-2012, que prevé una inversión total cercana a los 10.188 millones de euros, amplía los colectivos que tienen prioridad a la hora de disfrutar de una Vivienda de Protección Oficial (VPO).

«El objetivo es ayudar más a quienes más lo necesitan. Este compromiso es aún mayor en el caso de las personas más vulnerables, que pueden tener más dificultades para acceder a una casa», refieren en el Ministerio de Vivienda.

De momento, y a la espera de que tan optimista horizonte se concrete en cifras de casas adjudicadas, los colectivos favorecidos coinciden en señalar lo positivo de recoger en un plan nacional este compromiso, si bien expresan sus temores de que todo se quede finalmente en papel mojado. «Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Veremos cómo se resuelve el tema, porque no sería justo que se tengan más posibilidades de acceder a una casa si eres una mujer maltratada de Madrid que si lo eres de otra provincia», apunta Ana María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, con varias décadas de experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En efecto, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsables de concretar el método de adjudicación, la cantidad y el tipo de hogares que se reserven para estos cupos de especial protección. «Está previsto que este proceso esté ultimado en el primer trimestre del año. A partir de ese momento se pondrán en marcha las medidas contenidas en el plan», informan en el departamento que dirige la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

«En la Comunidad de Madrid (CAM) somos pioneros en establecer medidas específicas para colectivos específicos, y en nuestro nuevo Plan de Vivienda vamos a contemplar ayudas más potentes para los colectivos que más lo necesitan, incluyendo a los separados y divorciados y a las familias monoparentales con hijos o discapacitados a su cargo», adelanta Juan Van-Halen, director general de Vivienda y Rehabilitación de la CAM.

«Finalmente, el Plan nacional no da instrucciones concretas. Los planes no entran en la adjudicación de las casas, sino que son los ayuntamientos los que determinan las prioridades. La normativa del Ministerio no exige nada», considera Pablo Olangua, director general de Gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

En el mismo sentido, fuentes municipales informan de que en el periodo 2005-2008 el Consistorio ha adjudicado 1.715 hogares en régimen de alquiler a miembros de los grupos de especial protección, la mayoría a mayores de 65 años, separados y divorciados, casos de extrema necesidad y a mujeres víctimas de malos tratos.

Mujeres víctimas de violencia de género. El tristemente famoso colectivo formado por las mujeres que han sufrido malos tratos es uno de los que más esperanzas pone en la normativa que se deduzca del Plan nacional. La cifra de más de 80.000 condenas por este concepto desde 2005 ayuda a ilustrar el alcance del problema. «Y eso es sólo la punta del iceberg. Una vez que las mujeres se han recuperado de un drama que les produce secuelas de por vida necesitan un hogar como parte integrante del proceso de recuperación de su autonomía. Hasta este momento hemos vivido de todo. En ocasiones no se conseguía una casa de ninguna manera, pero poco a poco hemos ido logrando que esta sensibilidad cuaje en las administraciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha mostrado sensible, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en este territorio se registró el mayor número de mujeres asesinadas el pasado año», refiere Ana María Pérez.

Según la experta, el tema es de vital importancia, en el más literal sentido de la expresión: «Lo más difícil para una mujer maltratada que denuncia es dejar a su verdugo, porque la vivienda es un instrumento de amenaza del agresor: 'Te vas a quedar en la calle con una mano delante y otra detrás'. Y los agresores no amenazan, sino que informan de lo que van a hacer. Tal y como están las cosas, la falta de vivienda puede ser un elemento de carácter disuasorio a la hora de denunciar al maltratador. Las mujeres tienen que irse 'pitando' de su domicilio para salvar el 'pellejo', pero tienen miedo a quedarse sin un techo», explica Pérez.

La incidencia del problema es aún mayor una vez que se ha adelantado en el proceso de «reparación del daño» recibido. «Una mujer víctima de malos tratos está destruida. Cuando empieza a recomponerse, renacen en ella las esperanzas después de haber sobrevivido durante largo tiempo sin esperar ya nada. En ese momento reaparece la persona que era y comienzan los proyectos para rehacer la vida. Disponer de un empleo y una vivienda en ese momento es vital para normalizar el día a día. Todo es terapéutico y el hogar es preciso para recuperar la autonomía», defiende.

Familias numerosas. Con menor optimismo valora la situación Jesús Contreras, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha. «Estamos escandalizados. El nuevo Plan de Vivienda ha quitado de un plumazo algunos de los logros conseguidos, como la excepción que permitía construir viviendas públicas de más de 90 metros cuadrados a fin de acoger a las familias numerosas. Ahora se ha dejado en manos de las administraciones autonómicas este punto, de forma que dependemos de su mayor o menor sensibilidad con el tema. Nos han condenado al hacinamiento», denuncia.

Otros aspectos que critican las familias con más de tres hijos es el, a su juicio, insuficiente margen que da el Ministerio para disponer de una renta familiar más elevada de lo común a la hora de solicitar una VPO y la prohibición de transmitir o ceder el uso de las VPO antes de 10 años, dificultando de esa manera el cambio de hogar cuando aumenta la prole. «Una familia numerosa no se 'hace' de la noche la mañana. Es preciso que nos den tiempo para acomodarnos a la nueva situación», se queja Jesús Contreras, quien cifra en más de un millón el número de hogares con tres o más hijos en nuestro país.

Personas con discapacidad. En el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) lo tienen claro: «La decisión del Ministerio es positiva. Una regulación que sirva para mejorar la situación de las personas con discapacidad es siempre buena y así lo hicimos saber a la ministra de Vivienda en nuestros encuentros con ella», declara Óscar Moral, asesor jurídico de la institución.

Aunque no faltan los 'peros'. «Las viviendas que se destinan actualmente a personas con minusvalía son hogares en los que nadie viviría si no tuviera una discapacidad: baños enormes, como sí la persona hiciera su vida en el aseo; o las habitaciones y pasillos llenos de barras de sujeción... No todos los discapacitados tenemos las mismas necesidades. Una persona sorda, por ejemplo, no necesita un baño enorme y sí que los avisos de emergencia sean también luminosos. La apuesta ha de ser por viviendas que resulten útiles para todos, con discapacidad o sin ella, aunque sabemos que esto no se consigue de la noche a la mañana», reconoce Moral.

Se calcula que en España hay actualmente entre un 9% y un 10% de la población con alguna discapacidad, de distinto tipo y grado. «Somos la minoría 'más mayoritaria' entre los colectivos que precisan una especial protección», sentencia el responsable de Cermi.

Divorciados y separados. Fruto de los cambios legislativos introducidos por el Partido Socialista (PSOE) en 2005, son cada vez más los padres que solicitan cada año la custodia compartida de sus hijos en el caso de separación o divorcio de los cónyuges. «Las peticiones se han multiplicado por seis desde entonces, aunque no las concesiones de la misma porque se precisa la opinión positiva del fiscal, que suele ser reacio a expresarla», considera Juan Luis Rubio, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).

«El problema cae entonces como una losa sobre el padre que se separa. De la noche a la mañana se ve en la calle, pues la casa se queda en manos de los hijos en usufructo, y él tiene que buscar un nuevo hogar. Poder contar con la protección del Estado en ese momento para tener prioridad en la concesión de un piso es muy importante o, de lo contrario, se dan casos que conocemos bien de hombres que se han quedado en una situación de miseria absoluta: sin techo, pagando la hipoteca de la casa donde no viven, pasando una pensión alimenticia a sus hijos y, en ocasiones, una compensatoria a su ex esposa... Un callejón sin salida», explica Rubio

«Sabemos que no es fácil atender nuestras necesidades. En España somos casi 900.000 hombres separados. Pero hay que dar respuesta al menos a los más urgentes. Lo ideal sería potenciar un parque de viviendas en alquiler para separados. Incluso hemos propuesto pisos compartidos, donde los que hayan pasado por una separación puedan vivir juntos, compartiendo los gastos, como hacen los jóvenes», refiere el responsable de la Asociación, quien considera que es falso que se estén produciendo menos rupturas matrimoniales por no disponer de una vivienda.

Concha [nombre falso] aguantó malos tratos de su ex pareja durante 10 años. «Tenía tres hijos y ningún lugar al que ir si lo dejaba», explica. Ahora paga menos de 300 euros por una piso público. «Para salir adelante se necesita una casa». La suya tiene tres cerrojos. «Si me encuentra, ya sé lo que hay».

«Desde que el juez me dio la 'tarjeta roja' he vivido con mi madre hasta este momento, cuando me han concedido una VPO», explica Carlos en su recién estrenada vivienda de Rivas Vaciamadrid. «No he podido tener una relación estable hasta este momento», añade.

Elena Cruz reside en una casa pública adaptada desde hace seis años. «Me ha cambiado la vida desde que estoy aquí. Antes vivía en un segundo sin ascensor. Este piso está bien diseñado. Ojalá las administraciones siguieran apoyando, porque yo la tuve que comprar sin ayudas», explica.

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